Monago, como en la viñeta de El Roto, quiere que se pase a legal el atropello de la urbanización de
la isla del Embalse de Valdecañas, en medio de un paraje perteneciente a la red Natura 2000. Ante la sentencia del Tribunal Supremo que ordena que se derribe lo ya construido y se paralice el resto, encarga a los servicios jurídicos de su gobierno que abra un incidente de imposibilidad de ejecución.
En el colmo del absurdo, dice que costaría 34 millones de €, que es mucho. Pero, ¿es que no alcanza a ver que quien ha incumplido la legalidad por la que vela el Tribunal Supremo en su sentencia es el responsable de ese coste? Tiene que pagarlo, tanto si le gusta como si no. Y no es remedio añadir daño sobre daño eludiendo el cumplimiento de la sentencia.
Pero por si este absurdo no fuera suficiente, justifican que la edificación de la isla, la construcción de campos de golf y un hotel ha mejorado las condiciones medioambientales del entorno...que antes de la edificación no tenían (según ellos). Estoy impaciente por saber cómo valoran en Europa que la Junta de Extremadura considere que la protección europea otorgada al espacio en realidad no está justificada. Sobre todo teniendo en cuenta que estos espacios se incluyen en la red a sugerencia de los estados miembros y en España por medio de las comunidades autónomas. Claro, que esto era antes del desarrollo de una urbanización que aloja a directivos del Santander, Telefónica y Credit Suisse.
Una vez más, la legalidad urbanística puede quedar como papel mojado. Construyo contra la ley y cuando ya está todo levantado ¿cómo lo voy a tirar, si va a ser peor?. Alguna vez hay que poner pie en pared contra esta mecánica perversa. Nos queda el tribunal Supremo. Y nos queda saber si la IU que sostiene al gobierno de Extremadura está de acuerdo con mantener este tipo de urbanismo.
la isla del Embalse de Valdecañas, en medio de un paraje perteneciente a la red Natura 2000. Ante la sentencia del Tribunal Supremo que ordena que se derribe lo ya construido y se paralice el resto, encarga a los servicios jurídicos de su gobierno que abra un incidente de imposibilidad de ejecución.
En el colmo del absurdo, dice que costaría 34 millones de €, que es mucho. Pero, ¿es que no alcanza a ver que quien ha incumplido la legalidad por la que vela el Tribunal Supremo en su sentencia es el responsable de ese coste? Tiene que pagarlo, tanto si le gusta como si no. Y no es remedio añadir daño sobre daño eludiendo el cumplimiento de la sentencia.Pero por si este absurdo no fuera suficiente, justifican que la edificación de la isla, la construcción de campos de golf y un hotel ha mejorado las condiciones medioambientales del entorno...que antes de la edificación no tenían (según ellos). Estoy impaciente por saber cómo valoran en Europa que la Junta de Extremadura considere que la protección europea otorgada al espacio en realidad no está justificada. Sobre todo teniendo en cuenta que estos espacios se incluyen en la red a sugerencia de los estados miembros y en España por medio de las comunidades autónomas. Claro, que esto era antes del desarrollo de una urbanización que aloja a directivos del Santander, Telefónica y Credit Suisse.
Una vez más, la legalidad urbanística puede quedar como papel mojado. Construyo contra la ley y cuando ya está todo levantado ¿cómo lo voy a tirar, si va a ser peor?. Alguna vez hay que poner pie en pared contra esta mecánica perversa. Nos queda el tribunal Supremo. Y nos queda saber si la IU que sostiene al gobierno de Extremadura está de acuerdo con mantener este tipo de urbanismo.
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